La abuela del mexicano José Ernesto Medellín, uno de los 51 condenados a muerte en EE.UU., pidió clemencia para su nieto a las autoridades en una entrevista publicada hoy por la prensa, después de que el Tribunal Supremo estadounidense librara al estado de Texas de revisar el caso.
Eleuteria Almendáriz Perales de Medellín, de 84 años de edad, recibió al diario El Universal en su casa de Nuevo Laredo, ciudad del estado norteño de Tamaulipas y fronteriza con Estados Unidos.
"Que le perdonen la vida es lo que quiero. Porque además con tantos años preso, ya pagó por ese delito que aún no se le ha comprobado", afirmó Almendáriz, con una fotografía de su nieto cuando era niño en las manos y el convencimiento de que el joven recibió esa sentencia "solo porque es mexicano".
La abuela del reo recordó que Medellín "era un niño normal, como todos", de la época en que lo tuvo bajo sus cuidados, al igual que a sus dos hermanos y dos hermanas, después de que sus padres emigraran a Houston (EE.UU.) en busca de oportunidades.
Al mejorar su situación económica, hace ahora 23 años, los progenitores del condenado regresaron a Tamaulipas para llevarse a sus hijos a Estados Unidos.
Medellín fue sentenciado a la pena capital en 1994 por una corte de Texas por violar y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993, cuando tenía 18 años.
La policía le detuvo unos días después del crimen y le informó de que tenía derecho a permanecer en silencio y a un abogado, pero no que podría solicitar el asesoramiento del consulado mexicano, como lo establece un tratado internacional de 1963 suscrito por Estados Unidos.
Esa y otras negligencias procesales similares con 50 mexicanos condenados a la pena de muerte llevaron al Gobierno de México a presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.
La CIJ concluyó en 2004 que EE.UU. había violado la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de sus compatriotas a obtener servicio consular, y solicitó la revisión de los casos en cuestión.
El gobierno estadounidense respaldó la decisión y ordenó en 2005 a las cortes estatales seguir la decisión de La Haya, pero el pasado martes el Tribunal Supremo libró a las autoridades de Texas de celebrar una nueva audiencia para revisar el caso del mexicano.
Ese mismo día, el Gobierno de México lamentó la decisión del alto tribunal y pidió a Washington que acate el fallo de la CIJ para garantizar los derechos de los 51 mexicanos condenados a muerte.
Eleuteria Almendáriz Perales de Medellín, de 84 años de edad, recibió al diario El Universal en su casa de Nuevo Laredo, ciudad del estado norteño de Tamaulipas y fronteriza con Estados Unidos.
"Que le perdonen la vida es lo que quiero. Porque además con tantos años preso, ya pagó por ese delito que aún no se le ha comprobado", afirmó Almendáriz, con una fotografía de su nieto cuando era niño en las manos y el convencimiento de que el joven recibió esa sentencia "solo porque es mexicano".
La abuela del reo recordó que Medellín "era un niño normal, como todos", de la época en que lo tuvo bajo sus cuidados, al igual que a sus dos hermanos y dos hermanas, después de que sus padres emigraran a Houston (EE.UU.) en busca de oportunidades.
Al mejorar su situación económica, hace ahora 23 años, los progenitores del condenado regresaron a Tamaulipas para llevarse a sus hijos a Estados Unidos.
Medellín fue sentenciado a la pena capital en 1994 por una corte de Texas por violar y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993, cuando tenía 18 años.
La policía le detuvo unos días después del crimen y le informó de que tenía derecho a permanecer en silencio y a un abogado, pero no que podría solicitar el asesoramiento del consulado mexicano, como lo establece un tratado internacional de 1963 suscrito por Estados Unidos.
Esa y otras negligencias procesales similares con 50 mexicanos condenados a la pena de muerte llevaron al Gobierno de México a presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.
La CIJ concluyó en 2004 que EE.UU. había violado la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de sus compatriotas a obtener servicio consular, y solicitó la revisión de los casos en cuestión.
El gobierno estadounidense respaldó la decisión y ordenó en 2005 a las cortes estatales seguir la decisión de La Haya, pero el pasado martes el Tribunal Supremo libró a las autoridades de Texas de celebrar una nueva audiencia para revisar el caso del mexicano.
Ese mismo día, el Gobierno de México lamentó la decisión del alto tribunal y pidió a Washington que acate el fallo de la CIJ para garantizar los derechos de los 51 mexicanos condenados a muerte.
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