CIUDAD DE MÉXICO, 25 (EUROPA PRESS)Un total de 90.000 de las 210.000 personas presas en las cárceles mexicanas, un 42 por ciento, "son legalmente inocentes" porque no han sido condenadas, según denuncia un estudio del Open Society Institute y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) recogido por el diario 'El Universal'.
El estudio considera la prisión preventiva como "injusta y costosa".
Las cárceles en México son "bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable" en las que se restringe el derecho a la libertad provisional bajo fianza de miles de personas, señala el informe.
Para el Open Society Institute, organización creada en 1993 para apoyar investigaciones y proyectos en más de 60 países, en México la prisión preventiva es indebida, injusta y costosa.
"Está consumiendo demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias de la seguridad ciudadana y la justicia penal como la prevención y el combate al crimen organizado", añade.
"Ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente y constituye uno de los pilares de una política criminal desesperada ante el desbordamiento de la autoridad por los fenómenos delictivos y por la demanda ciudadana de seguridad", explica el informe.
Mantener a cada preso cuesta 130 pesos (casi 9 euros) al día mantener a cada reo; lo que representa 9.930 millones de pesos (681 millones de euros) anuales. Sólo la alimentación y la vestimenta de los reclusos generan un gasto aproximado de 6,560 millones de pesos (450.000 euros) al día.
"Con estos recursos se podrían cubrir más de cuatro años del programa para superar la pobreza en Oaxaca, uno de los estados más pobres del país", dice el investigador del CIDAC, Guillermo Zepeda.
Las prisiones mexicanas están además al 130 por cien de su capacidad, y algunas superan incluso el 300 por cien. "Se da el autogobierno por parte de las camarillas de reclusos que imponen y hacen cumplir sus reglas; hay corrupción de los agentes y falta de condiciones salubres para vivir", continúa.
El instituto revela que las tasas de homicidios y suicidios en los penales del país son entre ocho y nueve veces superiores a las registradas en la población en libertad.
Para colmo, "la necedad de capturar mecanográficamante las actuaciones provoca que las audiencias duren horas. Eso hace prácticamente imposible que el juez esté presente en las diligencias diarias. Los jueces delegan en sus secretarios y hasta en bedeles la función de presidir las audiencias".
Las procuradurías toman como un criterio de eficiencia el que los agentes del Ministerio Público (MP) presenten una gran cantidad de detenciones, e imponen a los funcionarios cuotas de consignación.
Optan por proceder con los casos aunque no tengan suficientes indicios para hacerlo; incluso realizan varios arrestos por los mismos hechos: una por robo y otra por uso de arma prohibida, por ejemplo.
"Los jueces tiemblan antes de liberar al inculpado y prefieren que durante el proceso se esclarezcan los hechos, pero cada año 40.000 personas son liberadas por falta de pruebas", concluyó Zepeda Lecuona.
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