El presidente de México, Felipe Calderón, presentó hoy un decreto por el que a partir de mañana entrará en vigor un sistema de recompensas para los ciudadanos que colaboren con la justicia denunciando a delincuentes, en un nuevo intento de combatir la ola de violencia en el país.
Calderón anunció también que ha entregado al Congreso mexicano un proyecto de modificación de la justicia penal que incluye la figura de la extinción de dominio de los bienes y los recursos incautados al narcotráfico y al crimen organizado para reparar con ellos el daño que causen a las víctimas.
El decreto, que será publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) "establece los lineamientos de ofrecimiento y pago de recompensas" para aquellas personas "que proporcionen información" sobre los criminales, explicó el mandatario en un mensaje a la prensa en la residencia presidencial.
El gobernante, que no precisó los montos que se entregarán a aquellos que colaboren con la justicia, aclaró que el objetivo de la iniciativa es "crear un mecanismo transparente de incentivos transparentes" con el objetivo de que los mexicanos "denuncien a los delincuentes y proporcionen información cierta y verificada".
En el caso de la extinción de dominio, la ley abarca todos los bienes relacionados o vinculados con el narcotráfico, el secuestro, el lavado de dinero, el robo de vehículos, la trata de personas, el terrorismo o cualquier otro delito federal, puntualizó Calderón, acompañado por el fiscal general mexicano, Eduardo Medina Mora.
El presidente reconoció que en los últimos años la capacidad financiera de la delincuencia se ha multiplicado y le ha permitido actuar "cada vez con mayor violencia" y con "un fuerte poder corruptor".
"Es claro que para detener a la delincuencia no basta la acción policiaca sino que es indispensable atacar las fuentes de su poderío económico mediante la aplicación de leyes eficaces para este propósito", argumentó al enumerar ocho propuestas para fortalecer a las instituciones de seguridad y de administración de justicia.
El paquete de iniciativas incluye ajustes en diversas leyes para hacer más transparente la actuación de las autoridades judiciales y mejorar la capacidad de actuación de los cuerpos policiales.
"Estamos proponiendo ampliar la figura jurídica de la flagrancia y precisarla en la ley, de manera que se pueda detener al delincuente en el momento en que esté cometiendo un delito y también en el momento inmediato posterior de haberlo cometido", agregó el mandatario.
Según datos extraoficiales publicados hoy por el diario El Universal, los asesinos a sueldo del narcotráfico son responsables de 3.227 asesinatos desde principios de año, cuando en todo 2007 fueron 2.7000, con base en informes oficiales.
Además, en la última semana ha habido un repunte de la violencia en el país.
El viernes pasado fueron hallados 24 hombres asesinados en un bosque cercano a la capital, el lunes hubo un atentado con granadas que dejó siete muertos y un centenar de heridos en Morelia, en el oeste mexicano, y el domingo y el miércoles dos motines en un penal de Tijuana, en el noroeste, saldados con más de una veintena de fallecidos.
Calderón anunció también que ha entregado al Congreso mexicano un proyecto de modificación de la justicia penal que incluye la figura de la extinción de dominio de los bienes y los recursos incautados al narcotráfico y al crimen organizado para reparar con ellos el daño que causen a las víctimas.
El decreto, que será publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) "establece los lineamientos de ofrecimiento y pago de recompensas" para aquellas personas "que proporcionen información" sobre los criminales, explicó el mandatario en un mensaje a la prensa en la residencia presidencial.
El gobernante, que no precisó los montos que se entregarán a aquellos que colaboren con la justicia, aclaró que el objetivo de la iniciativa es "crear un mecanismo transparente de incentivos transparentes" con el objetivo de que los mexicanos "denuncien a los delincuentes y proporcionen información cierta y verificada".
En el caso de la extinción de dominio, la ley abarca todos los bienes relacionados o vinculados con el narcotráfico, el secuestro, el lavado de dinero, el robo de vehículos, la trata de personas, el terrorismo o cualquier otro delito federal, puntualizó Calderón, acompañado por el fiscal general mexicano, Eduardo Medina Mora.
El presidente reconoció que en los últimos años la capacidad financiera de la delincuencia se ha multiplicado y le ha permitido actuar "cada vez con mayor violencia" y con "un fuerte poder corruptor".
"Es claro que para detener a la delincuencia no basta la acción policiaca sino que es indispensable atacar las fuentes de su poderío económico mediante la aplicación de leyes eficaces para este propósito", argumentó al enumerar ocho propuestas para fortalecer a las instituciones de seguridad y de administración de justicia.
El paquete de iniciativas incluye ajustes en diversas leyes para hacer más transparente la actuación de las autoridades judiciales y mejorar la capacidad de actuación de los cuerpos policiales.
"Estamos proponiendo ampliar la figura jurídica de la flagrancia y precisarla en la ley, de manera que se pueda detener al delincuente en el momento en que esté cometiendo un delito y también en el momento inmediato posterior de haberlo cometido", agregó el mandatario.
Según datos extraoficiales publicados hoy por el diario El Universal, los asesinos a sueldo del narcotráfico son responsables de 3.227 asesinatos desde principios de año, cuando en todo 2007 fueron 2.7000, con base en informes oficiales.
Además, en la última semana ha habido un repunte de la violencia en el país.
El viernes pasado fueron hallados 24 hombres asesinados en un bosque cercano a la capital, el lunes hubo un atentado con granadas que dejó siete muertos y un centenar de heridos en Morelia, en el oeste mexicano, y el domingo y el miércoles dos motines en un penal de Tijuana, en el noroeste, saldados con más de una veintena de fallecidos.
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