¿Ataque terrorista o narcoviolencia?

Opinión pública se divide en México

CIUDAD DE MÉXICO – Los atentados contra las instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) han dividido a la opinión pública en torno al significado y alcance de los ataques y sus autores. Mientras unos piensan que este es el inicio de actos terrorista en México, otros los vinculan al narcotráfico e incluso dudan que la propia guerrilla, que se adjudicó las agresiones, esté detrás de lo sucedido.

¿Ataque político o del narco?

La víspera, el grupo rebelde Ejército Popular Revolucionario (EPR) se responsabilizó de las explosiones y explicó que la acción armada forma parte de una campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y del "gobierno ilegítimo", como le llaman a la actual administración sus detractores.

De ahí la posibilidad de que los sucesos tengan una finalidad político partidista.

Para Guillermo Garduño, experto Seguridad Nacional, lo interesante es que las detonaciones registradas ayer en Querétaro y la semana pasada en Guanajuato, ocurrieron en dos estados gobernados por el oficialista Partido Acción Nacional (PAN).

“Aunque históricamente el EPR no ha sido partidario de alguna facción política formalizada, pues sus orígenes corresponden a la vieja izquierda radical marxista”, reconoció el investigador.

Nacido en junio de 1996, este grupo guerrillero ha efectuado ataques esporádicos, prácticamente contra estaciones de policía en el sur del país, sobre todo en Guerrero y en el vecino estado sureño de Oaxaca.

“Es una agrupación que hasta este momento ha desarrollado actividades guerrilleras sin provocar heridos, ni perdidas humanas, sin embargo esto podría empeorar”, comentó.

En entrevista con Univision.com, el analista político Carlos Sirvent alertó al gobierno de México a responder fortificando sus labores de seguridad con “una fuerza militar clara y fuerte”.

“Más que un movimiento político, las acciones del EPR se asemejan a las labores de los brazos armados de grupos de presión ligados al narcotráfico”, comentó el analista, para quien los ataques perpetrados son una respuesta al éxito de los operativos anticrimen implementados por la actual administración.

Las señales de alarma están encendidas. El vocero de la Presidencia Maximiliano Cortázar informó que el gobierno federal ya ordenó reforzar la seguridad en las instalaciones estratégicas del país.

Según datos de la prensa, en condiciones extremas como esta, las fuerzas armadas destinan unos 18 mil elementos para resguardar la infraestructura importante de México, dado que las labores cotidianas de seguridad son llevadas a cabo con menos personal.

Pero al parecer no ha sido suficiente. Los legisladores exigieron la comparecencia en el Congreso de los encargados de Seguridad Nacional del país, para rendir cuentas sobre los hechos.

“Los órganos de inteligencia fallaron”, reconoció molesto ante la prensa, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones.

Pero la preocupación de un próximo ataque no es inminente concordaron los analistas.

“Entre acción y acción se tardan meses”, aseguró Garduño, “en la medida en que su preparación se lleva a cabo desde la clandestinidad, pueden tardar varios meses”.

La Procuraduría General de la República señaló que los primeros investigaciones periciales indican que las explosiones se registraron fuera de los gaseoductos, “simultáneamente y bajo un mismo patrón técnico”, lo que indica que fueron provocados intencionalmente.

“Los resultados de las averiguaciones permitirán que las personas que atentan contra la estabilidad, tranquilidad y libre desarrollo de la sociedad mexicana, sean llevados a la justicia”, indicó la fiscalía.

EPR advirtió además que las acciones no pararán hasta que los gobiernos Felipe Calderón (Federal) y Ulises Ruiz (estado de Oaxaca) presenten con vida a sus compañeros Edmundo Reyes y Raymundo Rivera o Gabriel Alberto Cruz, “detenidos-desaparecidos” desde el pasado 25 de mayo.

El gobernador oaxqueño, a través de su vocero, negó que tenga presos a los dos eperristas reclamados y cuestionó a sus familiares que no hayan presentado alguna denuncia penal por su desaparición.

"Entonces que nos expliquen donde están", reclamó el investigador Jiménez, “un ser humano no puede desaparecer, a menos que esté sucediendo lo mismo que ocurrió durante la guerra sucia de los años setenta, en Chile y México”.

El grupo guerrillero surgió el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos izquierdistas a manos de la policía en Aguas Blancas, en el estado sureño de Guerrero.

El Centro de Documentación de los Movimientos Armados tiene registradas 43 organizaciones político militares activas en México.