La aprobó la mayoría de los cabildos
San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entrará en vigor este día, tras haber sido aprobada por la mayoría de los cabildos.
Establece sanciones ejemplares para los sujetos obligados de las dependencias públicas estatales y municipales, que incumplan la entrega de información solicitada por particulares.
Así lo informó ayer la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado.
Por ello, los funcionarios públicos de las dependencias estatales y municipales que tengan en sus manos la entrega de información, deberán estar plenamente preparados y capacitados para evitar ser sancionados en el incumplimiento de esta nueva ley.
Indicó que esta nueva legislación contempla multas de hasta mil 500 salarios mínimos para los funcionarios que nieguen la entrega de información solicitada, se desempeñen con dolo o mala fe en la clasificación de la información como reservada o confidencial, que no cumplan cabalmente con las resoluciones de la Comisión Estatal de Garantías y Acceso a la Información Pública o que recaben datos personales que no resulten indispensables para el cumplimiento de sus funciones.
Agregó que para las personas que comercialicen con datos personales que estén a su alcance se sancionará con una multa de mil 500 a 2 mil días de salario mínimo; todas estas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales y deberán ser remitidas a la Auditoría Superior del Estado para que se hagan efectivas.
"Lo que es muy importante, es que al servidor público que reiteradamente incurra en cualquiera de estas conductas, además de la sanción que se le imponga por cada violación a la ley, se le sancionará con la destitución de su cargo e inhabilitación para el ejercicio de puestos públicos hasta por 15 años".
Además de estas sanciones económicas, la Cegai podrá aplicar medidas de apremio en contra de los sujetos obligados que incumplan con las determinaciones de la Ley de Transparencia, por medio de amonestaciones públicas, extrañamiento por escrito, amonestación privada, extrañamiento por escrito y multas desde 50 a mil veces el salario mínimo vigente en San Luis Potosí.
Señaló que en la imposición de las sanciones y medidas de apremio, la Cegai valorará la gravedad de la infracción y las circunstancias por las que se derivó esta violación a la ley.
Dentro de los artículos transitorios de esta ley, se establece que los titulares de las entidades públicas deberán contar con sus respectivas unidades de información pública, los comités de información y designar a sus respectivos responsables, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la propia ley y la información de oficio se deberá publicar dentro de los 120 días naturales a la entrada en vigor de la misma.
Además, se obliga a las entidades públicas a contar con sistemas electrónicos para la consulta de información a más tardar en los próximos dos años y para los municipios con población menor a 60 mil habitantes, el plazo se extiende a cuatro años.
San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entrará en vigor este día, tras haber sido aprobada por la mayoría de los cabildos.
Establece sanciones ejemplares para los sujetos obligados de las dependencias públicas estatales y municipales, que incumplan la entrega de información solicitada por particulares.
Así lo informó ayer la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado.
Por ello, los funcionarios públicos de las dependencias estatales y municipales que tengan en sus manos la entrega de información, deberán estar plenamente preparados y capacitados para evitar ser sancionados en el incumplimiento de esta nueva ley.
Indicó que esta nueva legislación contempla multas de hasta mil 500 salarios mínimos para los funcionarios que nieguen la entrega de información solicitada, se desempeñen con dolo o mala fe en la clasificación de la información como reservada o confidencial, que no cumplan cabalmente con las resoluciones de la Comisión Estatal de Garantías y Acceso a la Información Pública o que recaben datos personales que no resulten indispensables para el cumplimiento de sus funciones.
Agregó que para las personas que comercialicen con datos personales que estén a su alcance se sancionará con una multa de mil 500 a 2 mil días de salario mínimo; todas estas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales y deberán ser remitidas a la Auditoría Superior del Estado para que se hagan efectivas.
"Lo que es muy importante, es que al servidor público que reiteradamente incurra en cualquiera de estas conductas, además de la sanción que se le imponga por cada violación a la ley, se le sancionará con la destitución de su cargo e inhabilitación para el ejercicio de puestos públicos hasta por 15 años".
Además de estas sanciones económicas, la Cegai podrá aplicar medidas de apremio en contra de los sujetos obligados que incumplan con las determinaciones de la Ley de Transparencia, por medio de amonestaciones públicas, extrañamiento por escrito, amonestación privada, extrañamiento por escrito y multas desde 50 a mil veces el salario mínimo vigente en San Luis Potosí.
Señaló que en la imposición de las sanciones y medidas de apremio, la Cegai valorará la gravedad de la infracción y las circunstancias por las que se derivó esta violación a la ley.
Dentro de los artículos transitorios de esta ley, se establece que los titulares de las entidades públicas deberán contar con sus respectivas unidades de información pública, los comités de información y designar a sus respectivos responsables, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la propia ley y la información de oficio se deberá publicar dentro de los 120 días naturales a la entrada en vigor de la misma.
Además, se obliga a las entidades públicas a contar con sistemas electrónicos para la consulta de información a más tardar en los próximos dos años y para los municipios con población menor a 60 mil habitantes, el plazo se extiende a cuatro años.
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