Los familiares de los 65 mineros muertos hace dos años en la mina de carbón Pasta de Conchos, al norte de México, pidieron el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recuperar los cuerpos de 63 de las víctimas, informaron hoy fuentes oficiales.
La mina Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, fronterizo con EE.UU., conserva en sus entrañas los cuerpos de 63 de los 65 mineros que el 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados bajo toneladas de escombros tras un derrumbe causado por la explosión de gases calientes, según la versión oficial.
El Consejo Nacional de Comunicación Social (Cencos) informó en un comunicado que las familias de los mineros denunciaron ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las violaciones de sus derechos por parte de diversas instancias del Estado mexicano en su lucha por recuperar los cuerpos de los mineros y la reparación del daño.
Cencos indicó que el organismo internacional con sede en Ginebra, Suiza, aceptó recibir a representantes de la Organización Pasta de Conchos, donde están integrados los familiares, para que informen sobre la situación en que se encuentra este proceso, dos años después de la tragedia.
Los familiares informaron al representante de este organismo en México, Amérigo Incalcaterra, que han recibido presiones por parte de funcionarios del ministerio de Gobernación de México para obligarlos a suspender sus denuncias y movilizaciones.
Explicaron que el funcionario de Gobernación Arné Aus Den Ruthen condicionó una inspección en la mina y el rescate de los cuerpos "a que no volviéramos a hablar con los medios de comunicación, ni diéramos una entrevista más, ni elaboráramos un sólo boletín de prensa, ni movilizaciones, ni plantones de familiares y organizaciones".
Las familias de los mineros indicaron también que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia contra el Gobierno mexicano por la violación a los derechos de las víctimas y de sus familias.
Este año, los familiares de los fallecidos comenzaron una campaña internacional para exigir que la empresa y el Gobierno mexicano se responsabilicen de lo sucedido, reanuden las labores de rescate de los cadáveres y concedan indemnizaciones.
La mina Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, fronterizo con EE.UU., conserva en sus entrañas los cuerpos de 63 de los 65 mineros que el 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados bajo toneladas de escombros tras un derrumbe causado por la explosión de gases calientes, según la versión oficial.
El Consejo Nacional de Comunicación Social (Cencos) informó en un comunicado que las familias de los mineros denunciaron ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las violaciones de sus derechos por parte de diversas instancias del Estado mexicano en su lucha por recuperar los cuerpos de los mineros y la reparación del daño.
Cencos indicó que el organismo internacional con sede en Ginebra, Suiza, aceptó recibir a representantes de la Organización Pasta de Conchos, donde están integrados los familiares, para que informen sobre la situación en que se encuentra este proceso, dos años después de la tragedia.
Los familiares informaron al representante de este organismo en México, Amérigo Incalcaterra, que han recibido presiones por parte de funcionarios del ministerio de Gobernación de México para obligarlos a suspender sus denuncias y movilizaciones.
Explicaron que el funcionario de Gobernación Arné Aus Den Ruthen condicionó una inspección en la mina y el rescate de los cuerpos "a que no volviéramos a hablar con los medios de comunicación, ni diéramos una entrevista más, ni elaboráramos un sólo boletín de prensa, ni movilizaciones, ni plantones de familiares y organizaciones".
Las familias de los mineros indicaron también que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia contra el Gobierno mexicano por la violación a los derechos de las víctimas y de sus familias.
Este año, los familiares de los fallecidos comenzaron una campaña internacional para exigir que la empresa y el Gobierno mexicano se responsabilicen de lo sucedido, reanuden las labores de rescate de los cadáveres y concedan indemnizaciones.
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