México, 13 may (EFE).- Una ONG feminista dijo hoy que utiliza el caso de una española, supuestamente violada por policías mexicanos, para que la justicia de este país resuelva las denuncias de trasgresión a los derechos humanos durante una trifulca entre pobladores y uniformados, ocurrida en San Salvador Atenco en 2006.
En esta localidad, situada en la periferia de la capital mexicana, 26 mujeres aseguran haber sido violadas por los agentes encargados de reprimir una revuelta vecinal en la que hubo 200 detenciones y más de medio centenar de heridos, varios de ellos policías.
"Todas las mujeres (arrestadas) recibimos agresiones sexuales" por parte de los policías, que fueron desde insultos y tocamientos hasta violación, aseguró hoy en una rueda de prensa convocada por la organización Women's Link Worldwide (WLW), la mexicana Bárbara Italia, una de las supuestas víctimas.
Dos años después ninguno de los presuntos responsables ha sido condenado por la justicia mexicana, algo que en opinión de la directora de WLW, Viviana Waisman, demuestra que "los hechos no se están juzgando adecuadamente en el país donde ocurrieron".
En la misma línea se ha pronunciado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Ha habido una falta de imparcialidad" en la investigación, pues desde el principio los altos mandos responsables de la operación defendieron a sus subordinados y se obstruyó la recolección de pruebas, dijo en el mismo acto la abogada del Centro, Jacqueline Sáenz.
Esto llevó a WLW a presentar el 25 de enero una querella ante la Audiencia Nacional española por el delito de tortura y violación que sufrió la ciudadana de este país Cristina Valls, quien estuvo presente en la trifulca.
La organización considera que la Audiencia Nacional puede juzgar los hechos de San Salvador Atenco aplicando el principio de "jurisdicción universal".
Este principio faculta a la justicia española para investigar y juzgar los delitos tipificados en tratados internacionales, como la tortura, con la única limitación de que los delitos no hayan sido juzgados con anterioridad.
El juez encargado del caso, Fernando Grande-Marlaska, todavía no ha admitido la querella, pero sí emitió el 3 de marzo una solicitud al Gobierno mexicano para pedir información sobre los procesos judiciales abiertos con motivo de lo sucedido en el municipio de San Salvador Atenco, según la ONG.
Los habitantes de San Salvador Atenco se opusieron en 2002 a la construcción de un aeropuerto alterno al capitalino, en una protesta a la que se sumaron manifestantes de tinte izquierdista.
Por el momento, apuntó la organización, esta petición no ha obtenido respuesta a pesar de que el magistrado pidió que los datos se le proporcionaran "con la mayor brevedad posible".
WLW está esperanzada en que la justicia española se ocupe del caso de Valls, a pesar de la supuesta falta de colaboración mostrada hasta ahora por el Gobierno de México.
La abogada de la asociación, Paloma Soria, explicó que "es decisión del juez" admitir la querella si considera que hay indicios de un delito grave, como es la práctica de la violación como instrumento de tortura.
La jurista espera además que el Gobierno mexicano acceda a extraditar a los condenados, en caso de que Grande-Marlaska acepte el caso y llegue a dictar sentencia.
El motivo es que existe un precedente de extradición de México a España por un delito juzgado según el principio de jurisdicción universal, el del ex militar argentino Ricardo Cavallo en 2003.
Añadió que la vía de la justicia mexicana está cerrada para Valls, pues días después de los sucesos las autoridades del país dictaron una orden de expulsión por cinco años, ilegal según WLW.
Valls y otros cuatro extranjeros fueron expulsados del país porque las autoridades consideraron que violaron la ley general de migración.
En los próximos días, miembros de la organización tienen previsto exponer el caso a varias diputadas del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y segunda fuerza política en México.
En esta localidad, situada en la periferia de la capital mexicana, 26 mujeres aseguran haber sido violadas por los agentes encargados de reprimir una revuelta vecinal en la que hubo 200 detenciones y más de medio centenar de heridos, varios de ellos policías.
"Todas las mujeres (arrestadas) recibimos agresiones sexuales" por parte de los policías, que fueron desde insultos y tocamientos hasta violación, aseguró hoy en una rueda de prensa convocada por la organización Women's Link Worldwide (WLW), la mexicana Bárbara Italia, una de las supuestas víctimas.
Dos años después ninguno de los presuntos responsables ha sido condenado por la justicia mexicana, algo que en opinión de la directora de WLW, Viviana Waisman, demuestra que "los hechos no se están juzgando adecuadamente en el país donde ocurrieron".
En la misma línea se ha pronunciado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Ha habido una falta de imparcialidad" en la investigación, pues desde el principio los altos mandos responsables de la operación defendieron a sus subordinados y se obstruyó la recolección de pruebas, dijo en el mismo acto la abogada del Centro, Jacqueline Sáenz.
Esto llevó a WLW a presentar el 25 de enero una querella ante la Audiencia Nacional española por el delito de tortura y violación que sufrió la ciudadana de este país Cristina Valls, quien estuvo presente en la trifulca.
La organización considera que la Audiencia Nacional puede juzgar los hechos de San Salvador Atenco aplicando el principio de "jurisdicción universal".
Este principio faculta a la justicia española para investigar y juzgar los delitos tipificados en tratados internacionales, como la tortura, con la única limitación de que los delitos no hayan sido juzgados con anterioridad.
El juez encargado del caso, Fernando Grande-Marlaska, todavía no ha admitido la querella, pero sí emitió el 3 de marzo una solicitud al Gobierno mexicano para pedir información sobre los procesos judiciales abiertos con motivo de lo sucedido en el municipio de San Salvador Atenco, según la ONG.
Los habitantes de San Salvador Atenco se opusieron en 2002 a la construcción de un aeropuerto alterno al capitalino, en una protesta a la que se sumaron manifestantes de tinte izquierdista.
Por el momento, apuntó la organización, esta petición no ha obtenido respuesta a pesar de que el magistrado pidió que los datos se le proporcionaran "con la mayor brevedad posible".
WLW está esperanzada en que la justicia española se ocupe del caso de Valls, a pesar de la supuesta falta de colaboración mostrada hasta ahora por el Gobierno de México.
La abogada de la asociación, Paloma Soria, explicó que "es decisión del juez" admitir la querella si considera que hay indicios de un delito grave, como es la práctica de la violación como instrumento de tortura.
La jurista espera además que el Gobierno mexicano acceda a extraditar a los condenados, en caso de que Grande-Marlaska acepte el caso y llegue a dictar sentencia.
El motivo es que existe un precedente de extradición de México a España por un delito juzgado según el principio de jurisdicción universal, el del ex militar argentino Ricardo Cavallo en 2003.
Añadió que la vía de la justicia mexicana está cerrada para Valls, pues días después de los sucesos las autoridades del país dictaron una orden de expulsión por cinco años, ilegal según WLW.
Valls y otros cuatro extranjeros fueron expulsados del país porque las autoridades consideraron que violaron la ley general de migración.
En los próximos días, miembros de la organización tienen previsto exponer el caso a varias diputadas del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y segunda fuerza política en México.
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